Gallardón, progreso en toda regla

Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que lo más progresista que ha hecho en su vida es defender el derecho a la vida. Enhorabuena ministro. Hace falta ser valiente para enarbolar la bandera de la defensa de los más indefensos.

Y lo ha hecho con una claridad meridiana, necesaria y tranquila tras año y medio de tardanza silente, lúgubre y sombría del Tribunal Constitucional que consagró el derecho del nasciturus pero que la ley de Zapatero y Aído pisoteó. Un tribunal que no ha encontrado un minuto para para actuar ante tan apremiante causa, la más perentoria, decisiva y vital que tiene encima de la mesa desde 2010.

Si la política afecta de lleno a la vida cotidiana de sus ciudadanos, a su bienestar, en el caso de la defensa de la vida se dirime el primer y más elemental de sus derechos. Defenderla es progresar. Que nadie lo dude.

El Montillazo

Más de dos mil personas han ido directamente a la calle en 48 horas. Un golpe terrible y difícil de asumir para esas familias. La cifra asciende a cinco mil si se tienen en cuenta los empleos indirectos afectados por el cierre de Spanair, la compañía aérea quebrada que hacía competencia desleal a base de subvenciones de la Generalitat en contra de los criterios de la libre competencia de la Unión Europea, como denunciaron en noviembr de 2010 el resto de las aerolíneas que a duras penas se sostienen por culpa de la crisis.

Todo por la ensoñación nacionalista que llevó a José Montilla, con el visto bueno del Gobierno central, a convertirse en un mal clon de Carod Rovira en una carrera en pro de un nacionalismo exacerbado que ha llevado a la ruina económica y moral de las instituciones catalanas.

El agujero de Spanair es de 300 millones de euros. Un boquete en el que se han derrochado 150 millones de dinero público sólo contando con la inyección de liquido de octubre pasado que no ha servido más que para aguantar lo inevitable: la quiebra total y absoluta. Son varias las preguntas que cabe hacerse: ¿Cuántos millones han dilapidado las distintas administraciones?¿quién responde por esta nueva avería de indigestión pública? ¿Se deben depurar responsabilidades, además de las políticas?

No olvidemos que la aventura de altos vuelos catalana constituía una violación de las reglas más elementales de la competencia y que iba a ser sancionada por Bruselas, lo que hizo echarse atrás al posible socio petrodólar de Qatar Airlines. Este Montillazo no puede quedar impune. Alguien debe pagar los platos rotos y no precisamente los trabajadores.

Pistoleros y mediadores expertos

Dos semanas después de haber pillado a los etarras con las manos en las pistolas en Francia, han hecho su aparición estelar los autodenominados "mediadores internacionales". Tres criminales detenidos en el país vecino armados hasta los dientes eran demasiada evidencia de la nueva trampa terrorista. Por eso han echado mano de sus amigos "expertos en conflictos". Currin y su quinteto de jubilatas de lujo nos cantan aprisa y corriendo de nuevo las bondades de la ETA.

Dicen que la banda "no tiene intención de cometer actos de terrorismo o violencia en el futuro". Y eso que admiten que no han cesado en su actuación ilegal de falsificación de documentos y mantenimientos de arsenales pero consideran que estas lindezas "no están necesariamente relacionadas con la preparación de actos violentos" (sic).

Que nos expliquen por favor para qué son las pistolas, los explosivos y los detonadores. Será para jugar al polvorín con el comité de expertos. Nos cuentan que les han pedido que dejen de llevar armas. ¿Y para qué si aseguran ellos mismos que les consta que no están relacionados con actos violentos?

Vale la pena recordar el ánimo de los etarras en su comunicado de "cese definitivo de la violencia" emitido un mes antes de las elecciones que les dieron la mayor victoria de su historia: "nuestro reconocimiento y más sentido homenaje a sus pistoleros y a quienes les han apoyado". ETA dixit.

Camps absuelto

El juicio más largo, la mayor persecución policial, política y mediática al que se ha sometido a un político en España ha concluido con el veredicto de no culpabilidad de Francisco Camps.

El jurado ha dado una lección de justicia. No hay pruebas suficientes para condenarle. No las hay porque el montaje ha sido terrorífico empezando por el juez Garzón y las fiscales que eliminaron de la causa las grabaciones en las que los jefes de la trama Gürtel confesaban a sus abogados en los locutorios de la cárcel en la creencia de que nadie les escuchaba, que Camps se pagaba sus trajes.

A partir de esa asombrosa actuación político-judicial se montó la cacería. Hoy el PSOE y sus cómplices policiales, judiciales y mediáticos no se han cobrado la pieza. Durante dos años en España se ha pervertido la legalidad hasta lo indecible. El acusado debía demostrar su inocencia y no al revés.

Hoy todo el mundo sabe que Camps no se enriqueció, que no tiene casas ni hípicas y que nadie le ha amueblado el dormitorio de su niña. Sin embargo se le ha puesto en la diana como el pim pam pum de la corrupción nacional. Alguien debería pagar las costas y los costes de este juicio y no solo en términos económicos.

Garzón o la desmemoria histórica

Baltasar Garzón Real se sienta en el banquillo en el segundo de los juicios que debe afrontar en el Tribunal Supremo por la llamada causa de la "memoria histórica" pero debería haberse denominado el caso de la "desmemoria histórica".

Comenzó sus pesquisas el juez solicitando el certificado de defunción de Francisco Franco, de Queipo de Llano y otros. Olvidó que ya habían muerto. Les acusaba de graves delitos pero olvidó el pequeño detalle de que según el Código Penal español, para perseguir penalmente a alguien debe estar vivo. Olvidó además Garzón que los delitos no sólo habían prescrito sino que en España existe una Ley de Amnistía de 1977 a la que él mismo apeló para rechazar una querella contra Santiago Carrillo por el genocidio de Paracuelos del Jarama.

Un olvido tras otro que llevaron al fiscal a advertirle de su incompetencia --su no competencia-- acusándole de querer abrir una causa general contra el franquismo vulnerando la Constitución, las reglas de prescripción, la amnistía y la retroactividad de las leyes. Paradójicamente el Ministerio Público no quiere que Garzón rinda cuentas por prevaricación. Y esa es la clave porque al no acusar tampoco ningún perjudicado, la defensa del juez pretende conseguir que se aplique la doctrina Botín según la cual no procede la apertura del juicio oral si solo acusa la acción popular. Veremos si los siete magistrados acceden a sus pretensiones.

Ocurra lo que ocurra Garzón no se sienta en el banquillo por luchar contra el franquismo, mal que le pese a muchos. Debe rendir cuentas ante la Justicia porque es un ciudadano más a la hora de cumplir las leyes, de someterse a ellas y, como juez, hacer que se cumplan persiguiendo el delito dentro de su competencia. Garzón y su "desmemoria histórica" a la hora de aplicar la ley a su antojo, según la propia Fiscalía, merecen un juicio justo desprovisto de apasionamientos históricos que es lo que pretende el Supremo a pesar de la presiones a la que someten al Alto Tribunal dentro y fuera de España.

Garzón y sus apoyos envenenados

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuenta con apoyos envenenados. Este fin de semana durante un acto montado para jalearle, el ex fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, tildó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de "instrumento del fascismo español". Hoy el diputado Gaspar Llamazares iba más alla y además de fascistas les acusaba de corruptos. "Esto es un esperpento nacional y un escándalo internacional--decía el diputado de Izquierda Unida y añadía-- La sala segunda del Tribunal Supremo se ha confabulado con el franquismo y la corrupción" .

Conviene recordar a tan insignes acusadores del más Alto Tribunal que las grabaciones indiscriminadas de las conversaciones de los detenidos de la Gurtel con sus abogados fueon anuladas y declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es más,la Sala de lo Civil y Penal equiparó entonces las conversaciones intervenidas abogado-cliente con el recurso a la tortura para extraer la confesión forzada de un acusado y concluyó que la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus letrados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial.

Considerar, como ha dicho Carmen Chacón, que "algo falla cuando se sienta en el banquillo un juez por perseguir la corrupción", es cuanto menos, desvirtuar la realidad. Si hoy Garzón debe rendir cuentas con toga y puñetas, por cierto, ante el Tribunal Supremo, no es precisamente por hacer cumplir la ley sino porque existen indicios racionales de que la ha vulnerado.

Destacados actores como Pepe Sacristán o Pilar Bardem; intelectuales, como Almudena Grandes, Luis García Montero o el ex rector de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Berzosa; juristas, como el fiscal citado, o políticos, como Gaspar LLamazares, constituyen la plataforma "solidarios con Garzón. Allá ellos con sus apoyos. Desde luego, con intervenciones como las de Jiménez Villarejo o Llamazares, Garzón no necesita enemigos.

CODA: hoy en su descargo Garzón adujo que intervino las comunicaciones de los detenidos con sus abogagpdos fue para evitar que blanquearan el dinero. Pues bien ¿Cuantas de las operaciones evitaron que se blanqueara? Ninguna. Sencillamente porque todo parece indicar que era una mera excusa. ¿Cuáles fueron los indicios, los movimientos de cuenta o las jugadas sospechosas que justificaran esos pinchazos? Se ordenó sin un informe policial que avalara los indicios de la comisión de los delitos que Garzón quería evitar? Me temo lo peor.

Droga dura socialista

De los cinco millones de parados que hay en España, Andalucía acapara la terrorífica cifra de 969.152 personas apuntadas oficialmente en las listas del INEM. Hoy hemos conocido por el diario ABC la increíble noticia de que parte el dinero de los parados iba a parar a juergas, mujeres y cocaína. Olé y olé por el presidente de la Junta de Andalucía que cuando se produjeron los hechos era el responsable económico del chiringuito socialista y hasta en tres ocasiones la Intervención le advirtió de que la manera en que se estaban adjudicando los dineros de los parados era irregular.

José Antonio Griñán naturalmente hizo de su capa un sayo. No fue el único, hasta tres consejeros de Economía y Hacienda se fumaron un puro con las tres admoniciones del supervisor oficial de las cuentas públicas andaluzas. Unas cuentas que según declaró el propio director de Trabajo durante casi una década, Francisco Javier Guerrero, habían organizado un "fondo de reptiles" (sic) con 647 millones de euros para repartir sin control a amiguetes, juergas y drogas hurtándoselos a los parados y jubilados.

El asunto recuerda a cuando Luis Roldán era director de la Guardia Civil y se llevó el dinero de los huérfanos. Como Roldán, Guerrero niega las acusaciones y anuncia querellas contra su chófer delator y todo aquél que recoja su acusación depuesta ante una juez. Sólo la Justicia determinará si es cierto o no el dinero para esnifar y el resto de malversaciones.

Entre tanto, ¡menos mal que el partido gobernante en Andalucía es socialista y obrero! Su presidente y máximo responsable entonces no ha dicho esta boca es mía. No es de extrañar. El PSOE andaluz es droga dura. Y si no, que se lo pregunten a Griñán y a Chaves que todavía no han dimitido (ni piensan hacerlo).